Personalmente, no comparto eso de suspender o liberar las patentes que protegen las vacunas. Os detallaré el motivo en un post dentro de unos días. Pero hoy os avanzo la que será una base importante de mi argumentación. Os explico qué son las patentes, utilizando para ello unos párrafos de mi libro Ciencia, Tecnología y Startups.
El sistema de patentes viene de muy lejos en el tiempo. Este 2021 se cumplen 600 años de la concesión de la primera patente. Pero fue en el siglo XIX cuando ese sistema de patentes se hizo global. En esa centuria, la mayoría de los países desarrollados tenían sus leyes de patentes. La Exposición Universal de Viena de 1873, en la que 35 naciones tuvieron presencia, fue el origen de la primera armonización internacional del derecho de propiedad industrial, el Convenio de la Unión de París, que se firmó unos años más tarde, en 1883. Ese convenio internacional instituyó varios conceptos básicos del derecho de patentes, todavía vigentes: el derecho de prioridad, el derecho del inventor a ser mencionado, la independencia entre las patentes de los diferentes países y la igualdad entre los inventores nacionales y extranjeros. Otros múltiples tratados internacionales han esparcido esas reglas uniformes por todo el globo.
El sistema de patentes viene pues de muy lejos en el tiempo y se ha distribuido firmemente por el mundo a través de acuerdos internacionales. Pero, ¿qué es exactamente una patente? Os respondo de forma rápida: Una patente es un derecho a un monopolio. Si, eso tan denostado por el mundo económico e impedido por gobiernos y por autoridades de la competencia. Una patente es eso, un derecho a ser monopolista. El Estado concede ese privilegio a un inventor. El derecho es temporal, con una duración de 20 años desde el momento en que el inventor presenta su solicitud en la correspondiente Oficina de Patentes. Durante este tiempo, el inventor tiene derecho exclusivo a comercializar su invento. Un momento, debo corregir: tiene el derecho a impedir que otros puedan comercializar esa invención. Es un matiz que puede ser relevante.
¿El Estado proporciona un derecho monopolístico? ¿Y eso por qué? ¿Qué ha hecho o deberá hacer a cambio ese inventor? A cambio de su derecho monopolístico, el inventor deberá describir totalmente su invención, explicándola con todo detalle, no dejando ningún aspecto en secreto. La descripción de la invención tiene que ser suficiente para que un experto en la materia pueda reproducirla. Entonces -y ese es el punto clave- esa descripción de la invención se hace universalmente pública. Ese conocimiento ampliamente difundido contribuye al aprendizaje del resto de inventores y empresas, de la sociedad en general. Esa es la aportación esencial del inventor, que merece a cambio su derecho al monopolio. Además, esos otros inventores y empresas realizarán notables esfuerzos para crear soluciones alternativas a las que protege la patente. Es decir, se estimulará la innovación. Esta idea tan básica es la que ha sostenido el sistema mundial de patentes desde hace 600 años.
Sin embargo, hay quienes consideran lo contrario: que las patentes inhiben la innovación. Veamos el caso de Myriad Genetics. Esa empresa americana, de Salt Lake City, trabajó con la Universidad de Utah para secuenciar dos genes, los llamados BRCA1 y BRCA2. Secuenciar significa establecer el orden de los nucleótidos A, C, G y T que componen los genes. Pero, además, en su investigación, la empresa y la Universidad relacionaron mutaciones en esos dos genes con la aparición de dos tipos de cáncer, pecho y ovario. Por tanto, su propuesta, su invención, era que el análisis de alteraciones en esos dos genes era un método para conocer la predisposición a desarrollar esos tipos de cáncer. Las patentes sobre los mismos se solicitaron a mediados de los años 90 y fueron concedidas poco después.
Esas invenciones eran la base de lo que se conocen como kits de diagnóstico médico, basados en técnicas genéticas. Por ejemplo, una empresa como Color utiliza esos genes BRCA y el conocimiento obtenido por Myriad para informarte de tu predisposición a padecer ciertos cánceres. Tu envías a la compañía una simple muestra de saliva y el retorno es un informe médico que se refiere a tu predisposición a tener ocho cánceres hereditarios: pecho, ovario, uterino, colon, melanoma, pancreático, estomacal y de próstata. Analizan 30 genes distintos en tu muestra de saliva. Entre ellos, los BRCA1 y BRCA2 citados. Esa empresa realiza esa labor gracias a una licencia de Myriad. Si, las licencias de patentes son una opción magnífica para extender una invención (una vacuna, por ejemplo).
Myriad, por su parte, de forma directa, proporciona el mismo servicio, a través de un kit de diagnóstico algo distinto. Por ejemplo, su producto Myriad myRisk® Hereditary Cancer, analiza 35 de tus genes y te informa también de tu predisposición a varios tipos de cáncer. Myriad tiene muchos otros productos como el anterior. Es una compañía de diagnóstico médico molecular. Tratan de ayudar a los médicos y a los pacientes con información genética que les permita personalizar tanto el diagnóstico como el tratamiento. Eso es lo que se conoce como medicina personalizada, el gran futuro de la medicina, según los expertos.
Myriad no pudo disfrutar de su invención durante mucho tiempo. En 2008, una asociación médica y científica formada por más de 150.000 profesionales, instó a poner fin a las patentes sobre los genes y su secuencia. Poco después, esa misma asociación, junto con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, presentaron una demanda contra las patentes de Myriad Genetics. En 2010 los tribunales las anularon. Pero la empresa recurrió. Finalmente, en junio de 2013, en una decisión histórica, el Tribunal Supremo americano dictaminó que no son patentables los genes humanos. La misma sentencia anuló las miles de patentes que se habían concedido a lo largo de los años para proteger nuestros genes. Nadie tiene pues, hoy, el monopolio comercial sobre el conocimiento que tenemos de esos genes. El Tribunal Supremo dictaminó que esos genes son un producto de la naturaleza y que no hay actividad inventiva al identificarlos. Se trata de un puro descubrimiento. Y los descubrimientos, al no ser invenciones, no son patentables. Pero la misma sentencia estableció que el ADN modificado por el hombre es algo que no se encuentra en la naturaleza. Por tanto, puede patentarse.
Desde el punto de vista de mercado, en el momento en que Myriad perdió su derecho al monopolio con los genes BRCA (ya no existían las patentes), otras empresas y laboratorios empezaron a ofrecer los mismos servicios que antes ofrecía Myriad y a un precio enormemente más bajo. El consumidor ha salido claramente ganando. A corto plazo. Pero, ¿y a largo plazo? ¿qué ocurrirá con los incentivos a la innovación? ¿habrá suficientes estímulos para que otras empresas quieran desarrollar proyectos de I+D como los que asumió Myriad con la Universidad de Utah para conocer en detalle otros genes como los BRCA? En 2019, los legisladores americanos, precisamente con los argumentos que estas últimas preguntas sugieren, analizaban una nueva ley que anulase aquella decisión histórica del Tribunal Supremo. Las industrias biomédica y farmacéutica claman por ese cambio legislativo que permita las patentes sobre invenciones biológicas y genéticas, para asegurar el retorno de sus inversiones en I+D.
Simultáneamente, continúan las grandes críticas a las patentes, de distintos tipos. Unas son conceptuales. The Economist ha publicado en varias ocasiones su opinión tendente a la revisión del sistema de patentes. Considera que no solo no estimula la innovación, sino que, de hecho, la bloquea. Michele Boldrin y David Levine son dos investigadores que llevan largo tiempo cuestionando las patentes. También afirman que no hay evidencias empíricas que indiquen que sirvan para estimular la innovación. En cambio, consideran que las patentes si tienen consecuencias negativas. Su conclusión es que deberían ser abolidas como sistema para incentivar la innovación y el desarrollo. Creen que la solución al problema de la propiedad intelectual pasa por la competencia basada en la reproducción, distribución y circulación de cualquier obra de la mente.
Los defensores de lo abierto creen también por supuesto que nadie puede construir monopolios sobre ámbitos que pertenecen a la comunidad. Sin embargo, Richard Stallman publicó un comentario sobre el trabajo anterior dónde decía que el término “propiedad intelectual” es engañoso y genera confusión ya que, cuando esos defensores de lo abierto critican estos temas, parece como si se opusiesen a los derechos de propiedad, cosa no cierta. Además, Stallman considera que esa denominación deja de lado los aspectos sociales y éticos de los derechos de autor y de las patentes.
Otras críticas se centran en cuestionar la efectividad de las oficinas de patentes en comprobar el estado de la técnica previo. Algo es patentable si es nuevo. Y esto significa que no esté previamente en el llamado estado de la técnica. Las críticas a las oficinas de patentes se dirigen a su capacidad de encontrar estado de la técnica distinto al que aparece en las bases de datos de patentes y de publicaciones científicas. Tim O’Reilly y Jeff Bezos se aliaron y crearon BountyQuest para descubrir estado de la técnica que no hubiese sido detectado por las oficinas de patentes. Querían invalidar patentes ya concedidas. Otro caso similar data de 2012, cuando Stack Exchange y Google crearon un foro para que fuese la comunidad quién detectase estado del arte o de la técnica previo y, por tanto, demostrando la falta de carácter inventivo de patentes ya concedidas.
Otros cuestionan el correcto funcionamiento del derecho al monopolio por su efecto en la asignación de precios. Por ejemplo, el economista Premio Nobel Joseph Stiglitz sugiere como alternativa un sistema de premios, para reconocer las invenciones que se dirigen a los grandes retos y problemas de la humanidad. El senador norteamericano Bernie Sanders, candidato a las presidenciales, comparte esas ideas de Stiglitz y propuso hace tiempo medidas legislativas encaminadas a un sistema de incentivos para el sector médico, que evite que los precios de los medicamentos sean inasumibles, debido al derecho al monopolio que las patentes suponen.
Los ataques al sistema de patentes encuentran base en casos como el del compuesto Sofosbuvir, producto que se vende comercialmente como Sovaldi, de la empresa Gilead Sciences. El Sofosbuvir es el medicamento más efectivo para tratar la hepatitis C. Fue desarrollado por la empresa Pharmassets, creada en 1998 por unos investigadores de la Universidad Emory de Estados Unidos. En 2011, la empresa fue comprada por la farmacéutica Gilead Sciences, por la enorme cifra de 11.000 millones de dólares. Una vez que esa gran farmacéutica obtuvo la aprobación para la comercialización del producto, aplicó unos precios desorbitados. En Estados Unidos eran de 1.000 dólares por pastilla. Un tratamiento completo de pocas semanas suponía 84.000 dólares. El caso llegó al Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos. Se cuestionaba que fuese un precio racional de mercado. La compañía tenía también problemas para aprobar las patentes del producto en otros países. Por ejemplo, India denegó la patente en 2015 y con ello el país consiguió que el medicamento se fabricase como genérico, a un precio muy bajo, de menos de 5 dólares por pastilla. Gilead Sciences decidió otorgar unas licencias especiales, a bajo coste, a un centenar de países pobres. Ello motivó un turismo de salud. Enfermos de los Estados Unidos o la China viajaban hasta la India para recibir el tratamiento.
En Europa el coste del tratamiento era de unos 60.000 dólares. En 2017, 30 organizaciones, de 17 países distintos, presentaron ante la Oficina Europea de Patentes una demanda de oposición a la patente del Sofosbuvir, argumentando que ese compuesto base no era una invención. Su intención era, como en el caso de la India, lograr que el medicamento llegase a Europa en forma de genéricos. Sin embargo, en 2018, la Oficina Europea de Patentes falló a favor de la empresa. En ese mismo 2018, un juez de Brasil invalidó la patente que Gilead ya tenía concedida desde 2015 en ese país. En 2018, Gilead renunció a la patente en China.
Pero este caso embrollado no es signo del mal funcionamiento del sistema de patentes. Lo que el caso muestra es que Gilead Sciences abusó del monopolio temporal que suponen las patentes y el mundo reaccionó ante ese abuso. ¿Hay muchos abusos como éste? Yo creo que no.